El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto con la Dirección del Trabajo (DT) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), presentó el primer balance de la implementación de la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, normativa vigente desde el 1 de agosto de 2024. Esta ley tiene como objetivo prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, destacando un fuerte enfoque preventivo.

Principales Resultados:

1. Prevención y Asistencia Psicológica Temprana (APT):
   • Durante agosto, se realizaron 1.852 atenciones psicológicas a trabajadores afectados.
   • El 80,6% de las atenciones correspondieron a casos de acoso laboral; 13,2% a violencia en el trabajo; y 6,2% a acoso sexual.
2. Denuncias:
   • En el primer mes de implementación, se registraron 4.820 denuncias: 3.844 en el sector privado y 976 en el sector público.
   • En el sector privado, el 68% de las denuncias fueron realizadas por mujeres, y en el sector público esta cifra alcanzó el 77%.
   • Las principales denuncias se concentraron en la Región Metropolitana (29% en el sector privado y 34,6% en el sector público).
3. Capacitación y Difusión:
   • Más de 102.000 actividades de asistencia técnica, elaboración de protocolos, capacitaciones y difusión han sido realizadas por mutualidades y organismos públicos.
   • Más de 50.700 personas, incluyendo 28.859 funcionarios estatales, han recibido formación para erradicar la violencia y el acoso laboral.

Responsabilidades de los Empleadores:

• Implementar protocolos de prevención de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo y difundirlos entre los trabajadores.
• Gestionar riesgos y diseñar medidas preventivas específicas para proteger a los trabajadores.
• Ofrecer Atención Psicológica Temprana a los trabajadores afectados.
• Establecer el procedimiento de investigación y sanción exigido y aplicarlo de acuerdo a la ley y normativa aplicable.

Recomendaciones:

• Capacitación: Fromar a equipos de trabajo sobre prevención de acoso y violencia laboral.
• Protocolos Actualizados: Garantizar la implementación y difusión de protocolos preventivos.
• Monitoreo y Evaluación: Realizar seguimiento constante para detectar riesgos y mejorar las medidas preventivas.