Chile modernizó su normativa de privacidad con la Ley 21.719, que reemplaza la antigua regulación y establece nuevas obligaciones para toda empresa que recopile, almacene o utilice información personal de sus clientes o colaboradores. Esto incluye, en particular, a pequeñas y medianas empresas que hasta ahora no estaban acostumbradas a este tipo de exigencias.
Puntos clave
- Cualquier empresa que maneje datos de personas en Chile queda sujeta a la ley, independientemente de su tamaño o rubro.
- Se crean derechos reforzados para las personas, quienes ahora podrán pedir acceso, corrección, eliminación y portabilidad de sus datos en cualquier momento.
- Las empresas deben contar con una justificación legal válida para usar datos personales (como el consentimiento del titular o la ejecución de un contrato).
- Ante una filtración o vulneración de datos, existe la obligación de reportar a la nueva Agencia de Protección de Datos de forma oportuna.
- Las multas pueden alcanzar hasta 20.000 UTM, y en empresas grandes con infracciones graves, hasta el 4% de las ventas anuales.
¿Por qué importa?
Si su empresa guarda datos de clientes, empleados o proveedores -aunque sea en una planilla de Excel o en un sistema de gestión básico- esta ley le aplica directamente. La nueva normativa crea una entidad fiscalizadora con atribuciones reales para sancionar, lo que significa que el incumplimiento tiene consecuencias concretas y económicas. Las PYMES que actúen antes de la fecha de vigencia tendrán ventaja: durante el primer año, la Agencia podrá aplicar amonestaciones escritas en lugar de multas para empresas de menor tamaño.
¿Qué hacer ahora?
- Identificar qué datos personales maneja su empresa y con qué finalidad.
- Revisar que los consentimientos de clientes y colaboradores estén correctamente documentados.
- Actualizar las políticas de privacidad y hacerlas accesibles al público.
- Evaluar la implementación de un Programa de Cumplimiento y designar un responsable interno.
- Consultar a un asesor legal especializado para adaptar sus procesos antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, que será el próximo diciembre de 2026.